By La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se encuentra en el centro de una nueva controversia tras ser señalada por presunta vinculación con una lujosa propiedad en el estado de California, Estados Unidos. De acuerdo con diversas investigaciones periodísticas, una residencia ubicada en la zona de Rancho Santa Fe, en San Diego, valuada entre 4.5 y 5 millones de dólares, estaría relacionada con la mandataria estatal a través de una red de intermediarios y empresas fachada.
La propiedad en cuestión fue adquirida en septiembre de 2023 por la sociedad mercantil INTL Builders, una empresa sin operaciones comerciales visibles, presuntamente asociada a Gustavo Fimbres, empresario vinculado a entornos de influencia política en Baja California. El inmueble, localizado en la calle Nathaniel Court, fue recientemente puesto a la venta en portales inmobiliarios de lujo por un precio superior al millón de dólares respecto a su valor inicial, lo que generó sospechas sobre posibles operaciones de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
La polémica creció después de que usuarios en redes sociales y periodistas especializados identificaran similitudes entre el interior de la residencia y fotografías personales compartidas por Marina del Pilar en sus cuentas oficiales en agosto de 2024. Las imágenes muestran detalles como cortinas, ventanales, acabados y mobiliario que coinciden con los publicados por la agencia inmobiliaria encargada de vender el inmueble.
Voceros cercanos a la gobernadora han negado categóricamente cualquier relación directa o indirecta con la propiedad. Según declaraciones recogidas por medios locales, Ávila Olmeda habría visitado la residencia únicamente como invitada, descartando que sea de su pertenencia o de algún miembro de su familia. Sin embargo, esta versión no ha sido respaldada por documentos oficiales ni por una declaración pública directa de la mandataria.
El tema ha cobrado mayor relevancia luego de que se difundiera que tanto la gobernadora como su esposo habrían recibido la revocación de sus visas estadounidenses, una medida que diversos medios atribuyen a investigaciones en curso relacionadas con posibles nexos financieros y presuntas irregularidades patrimoniales. Aunque no existe una acusación formal en su contra en Estados Unidos, el entorno político ha exigido claridad.
Organizaciones civiles y actores de oposición han solicitado que la Auditoría Superior de la Federación, así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), revisen el patrimonio de la funcionaria. En un contexto marcado por el escrutinio público hacia los servidores del Estado, este episodio reaviva la discusión sobre la legalidad de adquirir bienes en el extranjero mediante intermediarios o estructuras empresariales opacas, una práctica comúnmente utilizada para ocultar patrimonio.
Hasta el momento de esta publicación, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido una postura oficial sobre las acusaciones ni ha presentado documentación que desmienta de forma concluyente su presunta participación en esta operación inmobiliaria.
Fuentes consultadas:
- Eme Equis
- Los Angeles Press
- El Financiero
- Brújula News
- Infobae México
- ZETA Tijuana
- Sonora Presente
- El Universal – Columna de Mario Maldonado
