By CÁRCEL Y MULTAS A QUIEN SE ATREVA A CRITICAR, SEÑALAR E INSULTAR AL GOBIERNO.
Puebla estrena “Ley Censura”: tres años en la cárcel por insultar en redes
El pasado 13 de junio de 2025, el Congreso de Puebla, dominado por Morena, aprobó y publicó en el Periódico Oficial la llamada Ley de Ciberseguridad, popularmente rebautizada como “Ley Censura”. Esta legislación tipifica el ciberasedio, castigando con entre 11 meses y 3 años de cárcel, más multas de hasta 39 600 pesos, cualquier “insulto, injuria, ofensa, agravio o vejación” reiterada en redes sociales .
Críticas a la ambigüedad y el riesgo represivo
Organizaciones como Artículo 19 y Sociedad Civil México han advertido que la imprecisa definición de “agravio” abre la puerta a la censura y a acciones arbitrarias contra periodistas, activistas y críticos . En debate, diputadas del PAN y PRI calificaron la norma como una “puñalada a la libertad de expresión” y expresaron su temor de que se persiga a quienes denuncian hechos de corrupción .
En efecto, ¿qué califica como ofensa? ¿Un señalamiento a medios sobre nepotismo? ¿Una crítica a una obra pública incompleta? Sin estándares claros, el poder puede usar esta “censura legal” como instrumento de represión.
El propio gobernador Alejandro Armenta, impulsor de la ley, intenta justificarla como una medida de protección, especialmente hacia menores. Sin embargo, su insistente visión paternalista no apoya la posibilidad de limitar los espacios de queja y denuncia social .
Contexto autoritario: la censura que repite patrones
Puebla no es la excepción, sino el reflejo de una tendencia regional en gobiernos morenistas. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores llegó al extremo de perseguir judicialmente a un periodista. El 14 de junio, el exdirector del portal Tribuna, Jorge Luis González Valdez, fue vinculado a proceso bajo cargos de incitación al odio y violencia, se ordenó el cierre del medio y se le prohibió ejercer el periodismo durante dos años, además de una indemnización de 2 millones de pesos.
Sansores argumentó que el periodista promovía mensajes de odio contra ella, pero la defensa demostró su jubilación desde 2017 y su desvinculación del portal digital . Organizaciones defensoras han denunciado que se trata de una persecución orquestada, quizá usando recursos legales y públicos con objetivos políticos, no administrativos .
Incluso Alito Moreno, dirigente del PRI, calificó el cierre de Tribuna y la censura de su director como un acto “propio de regímenes represivos, no de una democracia” .
Una insistencia sistemática
Estos casos, surgidos en territorios gobernados por Morena, representan una escalada preocupante: usar figuras legales vagas para intimidar disidentes y acallar voces incómodas. Desde la punibilidad del “insulto” hasta el cierre de medios, los gobiernos en Puebla y Campeche muestran una alarmante carencia de tolerancia democrática.
Históricamente, la libertad de expresión incluye la crítica molesta, incluso ofensiva, hacia los gobernantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: los insultos no deben criminalizarse. Cuando la crítica se convierte en agravio, se desdibuja la frontera entre regulación responsable y censura estatal encubierta .
Impacto sobre el periodismo y la sociedad civil
La aplicación de estas normas, en ausencia de estándares claros, genera efecto disuasorio: periodistas se autocensuran; ciudadanos moderan su expresión; medios evitan investigar. El cierre de Tribuna y la sanción al periodista en Campeche son el ejemplo más crudo: ¿qué mensaje dejan para decenas de comunicadores independientes?
Las señales son inequívocas: México ha dejado de ser una democracia. Atacar la libertad de expresión con figuras penales imprecisas no garantiza civismo ni respeto, sino que crea un clima de miedo, control y autoritarismo. Frente a ello, organismos civiles, partidos de oposición e instancias internacionales deben exigir al Congreso de Puebla la derogación inmediata de la “Ley Censura” y al gobierno de Campeche la restitución plena de Tribuna y la anulación de medidas represivas.
La libertad de expresión no es un gusto político: es un derecho humano fundamental. Criminalizar insultos o cerrar medios independientes abre el paso a sociedades controladas, silenciadas y bajo amenaza.
—
Fuentes
El Financiero. (15 de junio de 2025). ¿De qué va la ‘ley censura’ en Puebla? Castiga con 3 años de cárcel y hasta 40 mil pesos los insultos en redes.
W Radio. (15 de junio de 2025). De cárcel a multas: así castigará la “Ley Censura” en Puebla los insultos en redes sociales en 2025.
Proceso. (12 de junio de 2025). La 4T en Puebla aprueba castigar con cárcel los insultos en redes sociales.
Animal Político. (13 de junio de 2025). Congreso de Puebla aprueba Ley de Ciberseguridad; es un riesgo a la libertad de expresión.
El Universal. (16 de junio de 2025). Vinculan a proceso a periodista de Campeche; se le acusa de incitación al odio y violencia contra la gobernadora Layda Sansores.
Reporte Maya. (14 de junio de 2025). Venganza de Layda Sansores: vinculan a proceso al periodista Jorge Luis González y le prohíben ejercer el periodismo.
Sonora Presente. (14 de junio de 2025). Cierran su portal y prohíben ejercer al periodista Jorge Luis González por presunta incitación al odio.
