By El periodista Audelino Macario ha puesto al descubierto uno de los escándalos más reveladores sobre el entorno de poder del morenismo: la adquisición de trece ranchos por parte de José Ramiro “Pepín” López Obrador, hermano del expresidente. Según las investigaciones, al menos ocho de esas propiedades fueron adquiridas de contado, sin crédito, durante el sexenio de su hermano y sin que se explique coherentemente su fuente de ingresos.
La cuestión más grave es que Pepín no se encuentra registrado como ganadero en los registros estatales ni federales, y no declara actividad económica alguna que justifique esas adquisiciones inmobiliarias. Su omisión obliga a preguntarse si estamos frente a un enriquecimiento no declarado bajo complicidad política.
La opacidad del entorno es evidente: ni la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior han respondido con claridad sobre las investigaciones. Este silencio permite que las fortunas familiares crezcan sin rendición de cuentas, en un régimen que predica austeridad y combate a la corrupción.
Acusaciones en Tabasco reclaman que se revise la declaración patrimonial de Pepín López Obrador al detalle, junto con una auditoría forzosa sobre sus ranchos: ubicación, valuación y fuentes de financiamiento. Mientras tanto, el morenismo sigue impulsando la narrativa de que las posesiones son legítimas, “porque se las ganó con esfuerzo”, un argumento que suena vacío ante evidencia de compras masivas sin respaldo financiero claro.
La investigación de Audelino Macario —que ha generado ruido en redes, medios locales y nacionales— obliga a un escrutinio serio sobre los lazos entre poder político y propiedad privada en el régimen morenista. En un sistema donde quienes deberían fiscalizar están amordazados, esta revelación resulta escandalosa y urgente.
